Ante las opiniones vertidas por el Gobernador de la Provincia de Buenos Aires y por sectores de la sociedad civil respecto de la baja de edad de imputabilidad de los niños en conflicto con la ley penal, Proyecto Sur Mercedes reafirma su oposición a esta medida y señala que:
La propuesta de bajar la edad de la imputabilidad de los menores no soluciona ni solucionará el problema de la inseguridad ni combate o previene el delito en territorio bonaerense, sino mas bien profundizará la criminalización de la pobreza, eludiendo así las responsabilidades centrales por parte del Estado, las cuales deben garantizar el ejercicio de los derechos de todos los niños y jóvenes.
Los culpables de la “inseguridad” no son los niños y jóvenes humildes, sino las políticas neoliberales aun vigentes en nuestro país, las cuales han producido que los niños y jóvenes que hoy comenten delitos no puedan tener acceso a derechos humanos básicos como son la educación, la salud y la vivienda. La falta de soluciones políticas ante la violación de estos derechos elementales hace que las verdaderas victimas de la inseguridad de este sistema político-económico perverso pasen a ser victimarios de aquellos que lo impulsaron y festejaron. Siendo esto demostrado por el Gobernador Sciolli cuando señaló que en la Provincia de Buenos Aires hay mas de 400.000 menores de edad sin trabajo y sin escuela, demostrado los niveles de exclusión y fragmentación social que vive nuestro provincia.
No es posible generar políticas serias con respuestas de coyuntura o por reflejo del cambiante humor social o mediático. El camino para construir una sociedad más justa y humana no es convertir a esos jóvenes en objeto privilegiado de la violencia y la punición. Las recetas de mano dura, más atribuciones represivas a la policía y endurecimiento del sistema penal ya han fracasado en la provincia de Buenos Aires como respuesta a la demanda de mayor seguridad. El encierro de jóvenes será, como en la actualidad, en lugares donde se producen violaciones a sus derechos, y donde las condiciones de detención vulneran las garantías más elementales: encierro por más de 20 horas en celdas oscuras; deficiente o nulo acceso a la educación u otras instancias de capacitación; falta o deficiencia en la atención médica y psicológica; alojamiento en celdas colectivas sin ventilación y sin camas; falta de acceso a la justicia; prácticas vejatorias de requisas a los familiares de los detenidos; maltrato físico y psicológico; hacinamiento; precario estado edilicio.
En la provincia de Buenos Aires contamos con las herramientas legales idóneas: la ley
13.298 de Promoción y Protección de los Derechos de los Niños, y la ley 13.634, que crea el fuero de responsabilidad penal juvenil. Sin embargo, las asignaciones presupuestarias previstas para su puesta en marcha han sido insuficientes y su implementación ha quedado a mitad de camino. Asimismo a nivel Nacional contamos con la ratificación de la Convención Internacional de los Derechos de los Niños (Naciones Unidas) de carácter Constitucional. Todas estas herramientas legales han producido un nuevo paradigma en el abordaje de los derechos de los niños y jóvenes, no siendo ya objeto de tutela del Estado (siempre autoritario y represivo con los tutelados), sino sujetos de derechos.
Con este tipo de decisiones políticas, podemos ver que el Gobierno Provincial no concuerda con los pensamientos y sentimientos de los sectores populares, sino todo lo contrario, insiste en la necesidad de la “mano dura” como solución a los problemas de la inseguridad, demostrando que está en defensa de los intereses y reclamos de quienes saquearon a nuestro país por mas de 30 años y hoy lo siguen haciendo Con la misma practica política, el Gobierno Nacional sigue entregando nuestros recursos y subsidiando a las multinacionales, negándole, con estas actitudes, oportunidades de bienestar social a todos los niños y jóvenes que hoy no tienen otra salida que delinquir. Con esto podemos ver que, tanto el Gobierno Nacional como el Provincial, no tienen la voluntad política de revertir la situación. La toma de una decisión política nos permite ver en defensa de los intereses de quienes están los que la toman. En este caso podemos ver la diferencia entre lo discursivo y las decisiones tomadas por el proyecto Kirchnerista en la Provincia de buenos Aires.
Por otro lado, podemos observar como los grandes medios de comunicación insisten en ocupar mucho espacio con los reclamos por mayor seguridad, negando y ocultando las causas que producen el maltrato y el abandono sufrido por miles de niños y jóvenes que no tienen ni tendrán las mismas oportunidades que los niños de las “familias honestas” que hoy se movilizan en reclamo por la “mano dura” y que ayer no salieron a alentar rebeliones, cuando el menemismo saqueaba nuestro país con privatizaciones impuras mientras amontonaba pobres a la intemperie.
Un tema tan delicado como la inseguridad no puede ser solucionado mas que con decisiones políticas que tengan como prioridades una justa distribución de la riqueza, mayor inclusión y justicia social, educación, salud, trabajo y vivienda para todos. La solución no es fácil ni rápida, pero queda en nosotros no bajar los brazos y seguir luchando por lo que nos corresponde.
Por todo lo dicho es que desde el Movimiento Proyecto Sur le planteamos y exigimos a los tres poderes del Estado lo siguiente:
a) Impulsar la asignación universal para los menores de 18 años.
b).- Implementar con carácter de urgente el sistema de promoción y protección de los derechos de los niños, establecido en nuestra legislación; poner en marcha todos los órganos previstos por la ley 13.298: los consejos locales, el defensor de los derechos del niño y el observatorio social. Consideramos especialmente relevante el rol que puede desempeñar en la implementación y articulación de políticas públicas de inclusión el consejo interministerial que integran las carteras de Desarrollo Social, Salud, Economía, Educación, Seguridad y Derechos Humanos.
c) Fortalecer la implementación del Fuero Penal Juvenil, que garantizará el debido proceso a los menores que hayan cometido delitos graves.
d) - Adecuar a los estándares internacionales las prácticas y modelos institucionales de los centros cerrados, de recepción, de contención y de referencia.
e).- Ordenar el cese de la detención de niños en comisarías, demoras por averiguación de identidad y torturas u otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes por parte de personal policial y de asistentes de minoridad.
La propuesta de bajar la edad de la imputabilidad de los menores no soluciona ni solucionará el problema de la inseguridad ni combate o previene el delito en territorio bonaerense, sino mas bien profundizará la criminalización de la pobreza, eludiendo así las responsabilidades centrales por parte del Estado, las cuales deben garantizar el ejercicio de los derechos de todos los niños y jóvenes.
Los culpables de la “inseguridad” no son los niños y jóvenes humildes, sino las políticas neoliberales aun vigentes en nuestro país, las cuales han producido que los niños y jóvenes que hoy comenten delitos no puedan tener acceso a derechos humanos básicos como son la educación, la salud y la vivienda. La falta de soluciones políticas ante la violación de estos derechos elementales hace que las verdaderas victimas de la inseguridad de este sistema político-económico perverso pasen a ser victimarios de aquellos que lo impulsaron y festejaron. Siendo esto demostrado por el Gobernador Sciolli cuando señaló que en la Provincia de Buenos Aires hay mas de 400.000 menores de edad sin trabajo y sin escuela, demostrado los niveles de exclusión y fragmentación social que vive nuestro provincia.
No es posible generar políticas serias con respuestas de coyuntura o por reflejo del cambiante humor social o mediático. El camino para construir una sociedad más justa y humana no es convertir a esos jóvenes en objeto privilegiado de la violencia y la punición. Las recetas de mano dura, más atribuciones represivas a la policía y endurecimiento del sistema penal ya han fracasado en la provincia de Buenos Aires como respuesta a la demanda de mayor seguridad. El encierro de jóvenes será, como en la actualidad, en lugares donde se producen violaciones a sus derechos, y donde las condiciones de detención vulneran las garantías más elementales: encierro por más de 20 horas en celdas oscuras; deficiente o nulo acceso a la educación u otras instancias de capacitación; falta o deficiencia en la atención médica y psicológica; alojamiento en celdas colectivas sin ventilación y sin camas; falta de acceso a la justicia; prácticas vejatorias de requisas a los familiares de los detenidos; maltrato físico y psicológico; hacinamiento; precario estado edilicio.
En la provincia de Buenos Aires contamos con las herramientas legales idóneas: la ley
13.298 de Promoción y Protección de los Derechos de los Niños, y la ley 13.634, que crea el fuero de responsabilidad penal juvenil. Sin embargo, las asignaciones presupuestarias previstas para su puesta en marcha han sido insuficientes y su implementación ha quedado a mitad de camino. Asimismo a nivel Nacional contamos con la ratificación de la Convención Internacional de los Derechos de los Niños (Naciones Unidas) de carácter Constitucional. Todas estas herramientas legales han producido un nuevo paradigma en el abordaje de los derechos de los niños y jóvenes, no siendo ya objeto de tutela del Estado (siempre autoritario y represivo con los tutelados), sino sujetos de derechos.
Con este tipo de decisiones políticas, podemos ver que el Gobierno Provincial no concuerda con los pensamientos y sentimientos de los sectores populares, sino todo lo contrario, insiste en la necesidad de la “mano dura” como solución a los problemas de la inseguridad, demostrando que está en defensa de los intereses y reclamos de quienes saquearon a nuestro país por mas de 30 años y hoy lo siguen haciendo Con la misma practica política, el Gobierno Nacional sigue entregando nuestros recursos y subsidiando a las multinacionales, negándole, con estas actitudes, oportunidades de bienestar social a todos los niños y jóvenes que hoy no tienen otra salida que delinquir. Con esto podemos ver que, tanto el Gobierno Nacional como el Provincial, no tienen la voluntad política de revertir la situación. La toma de una decisión política nos permite ver en defensa de los intereses de quienes están los que la toman. En este caso podemos ver la diferencia entre lo discursivo y las decisiones tomadas por el proyecto Kirchnerista en la Provincia de buenos Aires.
Por otro lado, podemos observar como los grandes medios de comunicación insisten en ocupar mucho espacio con los reclamos por mayor seguridad, negando y ocultando las causas que producen el maltrato y el abandono sufrido por miles de niños y jóvenes que no tienen ni tendrán las mismas oportunidades que los niños de las “familias honestas” que hoy se movilizan en reclamo por la “mano dura” y que ayer no salieron a alentar rebeliones, cuando el menemismo saqueaba nuestro país con privatizaciones impuras mientras amontonaba pobres a la intemperie.
Un tema tan delicado como la inseguridad no puede ser solucionado mas que con decisiones políticas que tengan como prioridades una justa distribución de la riqueza, mayor inclusión y justicia social, educación, salud, trabajo y vivienda para todos. La solución no es fácil ni rápida, pero queda en nosotros no bajar los brazos y seguir luchando por lo que nos corresponde.
Por todo lo dicho es que desde el Movimiento Proyecto Sur le planteamos y exigimos a los tres poderes del Estado lo siguiente:
a) Impulsar la asignación universal para los menores de 18 años.
b).- Implementar con carácter de urgente el sistema de promoción y protección de los derechos de los niños, establecido en nuestra legislación; poner en marcha todos los órganos previstos por la ley 13.298: los consejos locales, el defensor de los derechos del niño y el observatorio social. Consideramos especialmente relevante el rol que puede desempeñar en la implementación y articulación de políticas públicas de inclusión el consejo interministerial que integran las carteras de Desarrollo Social, Salud, Economía, Educación, Seguridad y Derechos Humanos.
c) Fortalecer la implementación del Fuero Penal Juvenil, que garantizará el debido proceso a los menores que hayan cometido delitos graves.
d) - Adecuar a los estándares internacionales las prácticas y modelos institucionales de los centros cerrados, de recepción, de contención y de referencia.
e).- Ordenar el cese de la detención de niños en comisarías, demoras por averiguación de identidad y torturas u otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes por parte de personal policial y de asistentes de minoridad.
1 comentario:
estoy parando en un hotel en buenos aires soy militante también del proyecto sur. siempre que vengo para aquí trato de ir a todos lados para participar.
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