Fin del saqueo jubilatorio

Por Fernando "PINO" Solanas

La correcta decisión de terminar con el negociado de las AFJP es una de las mayores medidas que toma el gobierno nacional para recuperar el rol del Estado como garante de los derechos de los trabajadores argentinos. Esta medida, que forma parte del programa de Proyecto Sur, apunta a romper la trama oscura del poder financiero que impuso desde 1976 el modelo neoliberal.
Cuando se votó la creación de las AFJP en 1993, bajo el cínico nombre de “Ley de Solidaridad Previsional”, se hacía referencia a la insolvencia del sistema público y la imposibilidad para el Estado de garantizar el 82% ciento móvil. Los privatistas prometían revertir el déficit crónico del sistema previsional, incrementar la cobertura y ampliar el mercado de capitales, objetivos que nunca se cumplieron. La capitalización privada constituye un sistema de rapiña institucionalizado y la destrucción del tejido social solidario, que permitió a las AFJP dañar el futuro previsional de los argentinos. Las AFJP desfinanciaron al Estado, agravando el déficit fiscal y el posterior endeudamiento externo, y obtuvieron exorbitantes comisiones. Pero lo peor, no revirtieron la morosidad previsional, no ampliaron los aportes voluntarios, ni garantizaron la cobertura jubilatoria. ¿Acaso creíamos que apostar las jubilaciones en la bolsa de valores iba a garantizar el futuro de nuestros trabajadores?
Bastaría con indicar que casi tres cuartas partes de las personas en edad de jubilarse son indigentes para demostrar la falsedad de la capitalización y desigualdad privada. Este esquema funcionó por la captación compulsiva y engañosa de afiliados; y desde los inicios de las AFJP hasta 2001, el Estado dejó de recaudar 75.000 millones de dólares, al tiempo que se congelaron los haberes de los jubilados durante 10 años. En promedio, entre 1994 y 2006, se apropiaron de un tercio de los montos recaudados. En concepto de comisiones, las AFJP obtuvieron más de US$ 10.600 millones. Como sucedió con la privatización de los servicios públicos, la excepcionalidad de la Argentina neoliberal consistió en que se garantizó a los privados una tasa de rentabilidad extraordinaria inigualable en el mundo.
El saqueo del Estado desde los inicios del neoliberalismo no consistió en hacerlo desaparecer, sino en utilizar sus mínimas estructuras a favor de los sectores dominantes. Con las AFJP, se quebró el orden constitucional, y se desfinanció al Estado e incrementó la deuda pública. La Justicia investiga hoy diferentes fraudes cometidos por las AFJP: desde la venta a precios ínfimos de títulos de deuda pública, financiamiento a grandes empresas (compraventa de acciones) y desvío de operaciones en perjuicio de los ahorros jubilatorios; siendo todo ello violatorio del artículo 14 bis de la Constitución y de normas menores. Asimismo, como ocurre con los subsidios a los concesionarios privados de los trenes, las ganancias privadas las garantiza un Estado que se hace cargo de las cuentas mayores; en el caso de las AFJP, de los haberes que no alcanzaban el mínimo vital para sus jubilados, entre otros. Lo peor es que se eliminó el derecho al 82% móvil de los jubilados: los haberes apenas alcanzan a la mitad de los que obtenían en su época activa. Al pasar al sistema de reparto, los actuales jubilados privados cobrarán ahora mejores jubilaciones.
Por si fuera poco, las AFJP desfinanciaron al Estado. En lugar de destinar parte de sus fondos en la infraestructura básica del país, como la reconstrucción del sistema de transportes, los fondos de las AFJP (más del 50%) se utilizaron para comprar deuda del Estado y otros negocios financieros. La estafa encubierta se complejizaba, ya que el flujo de fondos previsionales hacia los privados agudizó el déficit fiscal y provocó el posterior endeudamiento público. ¿Resultaba razonable que los privados prestaran al Estado, con tasas usurarias, la misma plata que le quitaban? Todo lo dicho, debería servir de advertencia a quienes parecen haber hecho mal los cálculos que sustentan la idea del “robo de los ahorros”, porque se ha visto que los ahorros ya desaparecieron con las AFJP. Más allá de lo correcto de la medida, tenemos que llamar la atención por las dudas que genera su estatización. No sólo porque los mismos que aprobarán hoy el fin de las AFJP son los que aplaudieron su creación hace 15 años (los Parrilli, Gioja, Fellner, Ballestrini, etc.), sino porque en medio de la crisis financiera, el gobierno ha anunciado que honrará las fraudulentas deudas del país. Por ello, desde Proyecto Sur exigimos autonomía y autarquía para la ANSES, la participación en su conducción de trabajadores, jubilados y el Estado. Proyecto Sur ya lo había dicho durante la campaña. También lo sostuvieron los jubilados en sus más de 800 marchas al Congreso: se puede terminar con el saqueo. La estatización de las AFJP es necesaria, porque con buenos controles, volver al sistema solidario de jubilaciones es un beneficio para el futuro de todos los argentinos.

Una decisión correcta frente a la incertidumbre y la desconfianza

Por Claudio Lozano - Dip. Nac. (Bs. As. Para Todos en Proyecto Sur).*

Desde el punto de vista previsional, la decisión oficial de terminar con el régimen de AFJP es correcta y corona institucionalmente años de cuestionamiento social simbolizados, por ejemplo, en los 870 miércoles de los jubilados frente al Congreso.
En primer lugar porque no hay posibilidad de construir un Sistema de Seguridad Social Público sin recuperar los $ 13.000 millones que hasta hoy reciben como aportes las Administradoras, y sin restituir las contribuciones patronales (son $9.900mill. exceptuando PYMES) que Cavallo redujera en razón de la Convertibilidad y que aún hoy no se han recuperado (sobre esto el proyecto oficial nada dice).
En segundo término, el régimen de capitalización individual requiere para funcionar de ingresos promedio elevados y una extendida asalarización formal.
Para una Argentina donde el ingreso promedio de los ocupados no supera los $1.400, y donde casi el 60% de la fuerza laboral se encuentra por fuera del mundo laboral formal, proponerle a un trabajador que acumule durante treinta años una renta que le permita un haber digno es francamente un disparate. En el mejor de los casos podría resolver la jubilación de unos pocos pero nunca la jubilación de todos.
Ocurre que mantenerlo por esa exclusiva razón, supone desfinanciar el sistema público cuando es indispensable unificar recursos de manera solidaria para plantear un nuevo modelo previsional que se haga cargo del problema central que hoy tiene el sistema. Hay 15 millones de afiliados y solo 6 millones aportan.
Como dato adicional debe consignarse que la volatilidad financiera que ha sido característica del mundo global (aún antes de la presente crisis) le ha puesto límite a la expansión de sistemas como éste en el resto del mundo. De hecho, solo 13 países tienen hoy un régimen similar al argentino.
Sin embargo, lo correcto de la decisión contrasta con su extemporaneidad (no es el resultado de un debate en el que hayamos definido a que modelo previsional vamos) y con un contexto donde el gobierno, en los últimos tiempos, solo trata de otorgar garantías a los acreedores de que va a pagar más deuda y de que va a usar todas las herramientas para ello (Club de París, Bonistas, reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y del Nación para usar reservas y crédito público para pagar).
En este marco, son legítimas las dudas respecto a si estamos en presencia de un manotazo sobre los recursos previsionales ajeno al objetivo de mejorar la situación de los jubilados actuales y futuros. Por lo tanto, el debate parlamentario debe establecer taxativamente dos cuentas separadas. Por un lado los fondos de la Administración Nacional y por otro los de la Seguridad Social.
En este contexto, el ANSES debe recobrar autonomía y autarquía, al tiempo que corresponde democratizar su conducción con la presencia en su Directorio de los aportantes y los beneficiarios (Trabajadores, Jubilados, Empresarios y Estado). En relación al impacto que esta medida tiene sobre el mercado de capitales caben hacer dos señalamientos.
Primero, resulta ilógico en una Argentina signada por la desigualdad y el desamparo cargar sobre las espaldas de los trabajadores y sus ahorros futuros la suerte de este mercado. Segundo, cabe consignar que al fracaso notorio de la capitalización como régimen previsional, debe agregarse que tampoco cumplió con las expectativas que en materia de mercado de capitales había despertado. Su cartera concentra casi un 60% en títulos públicos, unos $13.000 millones en acciones de empresas de primera línea y el financiamiento para las PYMES es absolutamente marginal.
Queda claro entonces que el problema de la acumulación de fondos para financiar el largo plazo y el desarrollo sigue pendiente y debe ser resuelto en el marco de una nueva relación (y nuevas regulaciones) entre el Estado y aquellos actores que concentran hoy el excedente económico.
Por último, la extemporaneidad de la medida (hasta hace unos meses cuando planteábamos esto en el debate sobre la movilidad y el presupuesto, el oficialismo nos miraba como marcianos) no deja en claro en que estrategia inscribe esta decisión el gobierno. Un cambio estructural de esta naturaleza no puede dilapidarse con una improvisada decisión de corto plazo. Requiere de consenso político y de una gestión institucional y económica consistente. No hacerlo, apostar a la sorpresa y acelerar el trámite legislativo, puede hundir una decisión correcta en el mar de la incertidumbre y de las desconfianzas.