Una decisión correcta frente a la incertidumbre y la desconfianza

Por Claudio Lozano - Dip. Nac. (Bs. As. Para Todos en Proyecto Sur).*

Desde el punto de vista previsional, la decisión oficial de terminar con el régimen de AFJP es correcta y corona institucionalmente años de cuestionamiento social simbolizados, por ejemplo, en los 870 miércoles de los jubilados frente al Congreso.
En primer lugar porque no hay posibilidad de construir un Sistema de Seguridad Social Público sin recuperar los $ 13.000 millones que hasta hoy reciben como aportes las Administradoras, y sin restituir las contribuciones patronales (son $9.900mill. exceptuando PYMES) que Cavallo redujera en razón de la Convertibilidad y que aún hoy no se han recuperado (sobre esto el proyecto oficial nada dice).
En segundo término, el régimen de capitalización individual requiere para funcionar de ingresos promedio elevados y una extendida asalarización formal.
Para una Argentina donde el ingreso promedio de los ocupados no supera los $1.400, y donde casi el 60% de la fuerza laboral se encuentra por fuera del mundo laboral formal, proponerle a un trabajador que acumule durante treinta años una renta que le permita un haber digno es francamente un disparate. En el mejor de los casos podría resolver la jubilación de unos pocos pero nunca la jubilación de todos.
Ocurre que mantenerlo por esa exclusiva razón, supone desfinanciar el sistema público cuando es indispensable unificar recursos de manera solidaria para plantear un nuevo modelo previsional que se haga cargo del problema central que hoy tiene el sistema. Hay 15 millones de afiliados y solo 6 millones aportan.
Como dato adicional debe consignarse que la volatilidad financiera que ha sido característica del mundo global (aún antes de la presente crisis) le ha puesto límite a la expansión de sistemas como éste en el resto del mundo. De hecho, solo 13 países tienen hoy un régimen similar al argentino.
Sin embargo, lo correcto de la decisión contrasta con su extemporaneidad (no es el resultado de un debate en el que hayamos definido a que modelo previsional vamos) y con un contexto donde el gobierno, en los últimos tiempos, solo trata de otorgar garantías a los acreedores de que va a pagar más deuda y de que va a usar todas las herramientas para ello (Club de París, Bonistas, reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y del Nación para usar reservas y crédito público para pagar).
En este marco, son legítimas las dudas respecto a si estamos en presencia de un manotazo sobre los recursos previsionales ajeno al objetivo de mejorar la situación de los jubilados actuales y futuros. Por lo tanto, el debate parlamentario debe establecer taxativamente dos cuentas separadas. Por un lado los fondos de la Administración Nacional y por otro los de la Seguridad Social.
En este contexto, el ANSES debe recobrar autonomía y autarquía, al tiempo que corresponde democratizar su conducción con la presencia en su Directorio de los aportantes y los beneficiarios (Trabajadores, Jubilados, Empresarios y Estado). En relación al impacto que esta medida tiene sobre el mercado de capitales caben hacer dos señalamientos.
Primero, resulta ilógico en una Argentina signada por la desigualdad y el desamparo cargar sobre las espaldas de los trabajadores y sus ahorros futuros la suerte de este mercado. Segundo, cabe consignar que al fracaso notorio de la capitalización como régimen previsional, debe agregarse que tampoco cumplió con las expectativas que en materia de mercado de capitales había despertado. Su cartera concentra casi un 60% en títulos públicos, unos $13.000 millones en acciones de empresas de primera línea y el financiamiento para las PYMES es absolutamente marginal.
Queda claro entonces que el problema de la acumulación de fondos para financiar el largo plazo y el desarrollo sigue pendiente y debe ser resuelto en el marco de una nueva relación (y nuevas regulaciones) entre el Estado y aquellos actores que concentran hoy el excedente económico.
Por último, la extemporaneidad de la medida (hasta hace unos meses cuando planteábamos esto en el debate sobre la movilidad y el presupuesto, el oficialismo nos miraba como marcianos) no deja en claro en que estrategia inscribe esta decisión el gobierno. Un cambio estructural de esta naturaleza no puede dilapidarse con una improvisada decisión de corto plazo. Requiere de consenso político y de una gestión institucional y económica consistente. No hacerlo, apostar a la sorpresa y acelerar el trámite legislativo, puede hundir una decisión correcta en el mar de la incertidumbre y de las desconfianzas.

Acerca del Proyecto de Movilidad Jubilatoria

Por Claudio Lozano - Diputado Nacional (Bs.As. Para Todos en Proyecto Sur)

Se podría haber hecho un proyecto claro y preciso, que de una vez por todas le otorgue a nuestra clase pasiva un carácter privilegiado que termine con la postergación cruel a la que se ve sometida.
Jubilados y pensionados tuvieron durante catorce años sus haberes congelados, mutilados de derecho constitucional alguno; es por esto que es imprescindible sancionar una ley que aplique un índice de movilidad genuino para que los haberes previsionales retribuyan a nuestros mayores el esfuerzo legítimo de sus aportes realizados.
Como ya dijimos, debemos discutir futuro, que fue lo que nuestros padres y abuelos tenían en sus cabezas cuando debatieron la Argentina que construyeron. No debemos seguir mirando con los ojos en la nuca, contentándonos con que estamos mejor que en la crisis, no parece razonable tratar de justificar lo que se ha hecho recordando el horror del pasado.
Esta ley mantiene la estructura del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones en el cual conviven dos regímenes inconciliables: un régimen previsional público de reparto basado en criterios de solidaridad, justicia y carácter redistributivo de la seguridad social, y otro régimen de capitalización individual obligatoria, basado en los criterios de los seguros comerciales.
Este proyecto quedó preso de la ley de insolidaridad previsional planteada por Domingo Cavallo en los noventa.
Mantiene la matriz neoliberal sostenida por sus autores: el ucedeísta Sergio Massa y Amado Boudou, integrante del elenco del Ministerio de Trabajo, hombre del CEMA, ambos cómplices de la lógica de Cavallo.
Las tres claves a considerar en este debate siguen inalterables:
Existe una deuda que tiene que ver con la movilidad que se debió haber pagado y que nunca se pagó. No se puede tener la audacia de decir que al ubicar el mínimo en $ 690 se ha garantizado la subsistencia de los jubilados, ni que en momentos de emergencia es razonable confiscar los derechos patrimoniales de los jubilados, es decir la movilidad.
Tenemos que buscar la forma de superar esta situación por la que el 76 por ciento de los mayores perciben una jubilación mínima. Esta recomposición requiere de una inversión de 7.000 millones de pesos. Y es posible hacerlo, no solo a través del superavit que la ANSES va ha registrar en el curso del corriente año, sino también restituyendo las contribuciones patronales que se redujeron en 1993- cuando a raíz del 1 a 1 Cavallo dijo que había que reducirlas a la mitad- Allí tendríamos 9.900 millones de pesos más para compensar el sistema y pagar lo que corresponde.
No hay un problema de viabilidad presupuestaria; sólo es un problema de decisión política.
Y el tercer punto es el criterio sobre cuya base vamos a actualizar los haberes para adelante. Debemos concluir que la fórmula propuesta es una fórmula tramposa, que no pone la totalidad de los recursos que tiene el sistema, que pone un tope- recaudación sobre beneficio- y en él desaparece el salario y que con los números presupuestarios disponibles y con esta fórmula el máximo será no más de un 4 por ciento semestral. Esto no es movilidad.
La intención es mantener una ANSES excedentaria, que sea caja para atender las necesidades del Tesoro, no sólo de la empresa AYSA, sino también de las letras de Tesorería que por 8.000 millones de pesos sirven para pagar deuda pública.
El artículo 7, de la ley 24463, es el núcleo-que subsiste- del ataque al derecho a la movilidad, al subordinar el citado derecho a criterios presupuestarios y prohibir toda pauta de proporcionalidad entre la jubilación y el sueldo en actividad.
La Corte ha destacado que “...la jubilación constituye la prolongación, despues de la cesación regular y definitiva de la actividad social laboral del individuo, de la remuneración, como débito de la comunidad por el servicio que él le ha prestado” y que “ el principio básico que sustenta el sistema previsional argentino es el de la necesaria proporcionalidad que debe existir entre el haber de pasividad y el de actividad.”
Y sin duda alguna para protegernos de las decisiones discrecionales de los gobiernos sobre los recursos del sistema previsional, es que tiene fundamental importancia la participación de trabajadores y jubilados en la administración de los organismos de seguridad social, pues se trata de un patrimonio común, con el cometido de asegurar la dignidad de las personas cuando ya no tienen posibilidades de seguir en actividad.
Por ende, tenemos la certeza que lo que se ha votado dista mucho de asegurar la proporcionalidad entre salario y jubilación y es una nueva oportunidad perdida en el intento de recuperar la dignidad de nuestros mayores.

Aerolíneas Argentinas

El oficialismo aceptó las modificaciones propuestas por el bloque Proyecto Sur y por el SI.

Por eso, votaremos favorablemente, con observaciones.

En función de estas modificaciones, la versión final del proyecto del Ejecutivo ya no valida el acta-acuerdo firmada con Marsans, al tiempo que determina que la tasación de la empresa sea la que establezca el Tribunal nacional, con seguimiento parlamentario (artículos 2ª y 3ª estipulan que valida el Congreso). También el bloque oficial aceptó agregar al texto original que "bajo ningún punto de vista el Estado perderá la mayoría accionaria". Este era un elemento esencial tanto para Proyecto Sur como para el SI, dado que es facultad de las sociedades anónimas la venta de acciones y de no figurar de manera expresa en el cuerpo de la ley, se asumía el riesgo de la privatización en el mediano o largo plazo.

Otro criterio importante que se logró incorporar es el referido a la tasación. Así, en el artículo 2ª constará que el valor de la tasación será el correspondiente al momento de la intervención (primeros días de julio), fecha en la que la empresa se encontraba en situación de concurso y cesación de pagos, o sea, técnicamente quebrada y con valuación negativa. Este no es un criterio menor, ya que así tomado cae el acta-acuerdo que valuaba en función de una empresa saneada. Además, como el Estado es acreedor de Aerolíneas Argentinas tanto por los casi u$a 200 millones adeudados por la empresa como por lo que en este período viene desviando, ya seríamos dueños de la empresa.

El planteo para que el Estado se presente en todas las causas locales e internacionales iniciadas contra el grupo Marsans fue el único que no logró su incorporación al texto de la ley. Sin embargo, las modificaciones efectivamente incorporadas son suficientes como para votar a favor con observaciones. En la comisión, firmamos el dictamen en disidencia parcial por lo que, en el recinto, votaremos a favor con observaciones.

Claudio Lozano

El Estado les debe a los jubilados, no a Marsans

Por Claudio Lozano.

Pese al discurso vigente, seguimos en una lógica que combina las dos caras: la del “Estado bobo” y la del “Estado turro”. Si nos descuidamos, puede haber recursosprevisionales que sean destinados a pagar la deuda de Aerolíneas con el grupo Marsans.
El debate sobre cómo asignar los recursos públicos recorre los pasillos del Congreso. En un caso, el de Aerolíneas Argentinas, la propuesta promueve el traslado al Estado de la deuda acumulada por el grupo Marsans en la gestión de la empresa. En el otro,la actualización de los haberes jubilatorios (la llamada movilidad previsional) incorpora restricciones múltiples a efectos de evitar que los aumentos en los haberes seanexcesivos. Es más, se privilegia la ampliación creciente del denominado Fondo de Garantía y Sustentabilidad Provisional (que a finales de este año alcanzará cerca de $ 21 mil millones).
Podríamos arrojar un primer juicio diciendo que, pese al discurso vigente, seguimos en una lógica que combina las dos caras: la del “Estado bobo” y la del “Estado turro”. Por un lado, no hay inconvenientes en invertir dinero público convalidando gestiones empresarias cuasidelictivas (ej.: Marsans). Por otro, el Gobierno adopta el rostro de la austeridad y la seriedad institucional a la hora de hablar y decidir acerca de cómo y cuánto recomponer los haberes jubilatorios. Las cosas son así:Aerolíneas. Bajo el título de “Reestatizar Aerolíneas Argentinas”, el oficialismo ha enviado un proyecto que lo único que hasta el momento deja en claro es que se estatizará la deuda que hoy tiene la empresa. En este sentido, el proyecto, si no se modifica, resulta diáfano en sus objetivos. En ningún momento incorpora la palabra“reestatización”, su artículo 1º habla de rescate y compra de acciones(con lo cual se compra la deuda), y, como si esto fuese poco, en el artículo 6º anuncia laposterior privatización.
Para colmo de males, las malas lenguas comentan que el Gobierno ha designado alfrente del directorio como uno de sus representantes al Dr. Juan de Dios Cincunegui, quien, se dice, tiene aceitados vínculos con el Grupo Eurnekian. Por cierto, quien conduce el proceso (Ricardo Jaime) no goza casualmente de mucha confianza en lo relativo a la tarea de fortalecer y desarrollar el transporte público. En relación concreta con el caso Aerolíneas, fue quien comandó la decisión gubernamental adoptada en 2006 de desistir de las impugnaciones judiciales que el Estado argentino había sostenido hasta 2005 y en nombre de las cuales no había firmado los balances de la empresa. Jaime resuelve a partir de 2006 firmar y convalidar todo así como volver a incorporar aun director del Estado en la conducción empresaria. Es bueno tener en cuenta esta decisión, ya que se toma el mismo año en que el Tesoro español decide iniciarle juicio al Grupo Marsans denunciando que los u$s 758 millones que España le había otorgadopara capitalizar Aerolíneas no habían tenido ese destino y el grupo empresario se había quedado con u$s 450 millones. Es curioso que justo cuando desde la propia España se identifican irregularidades que denunciaban el evidente vaciamiento de la empresa, en lugar de profundizar las acciones judiciales e iniciar una estrategia de recuperación del servicio de aeronavegación, la decisión haya sido declinar las impugnaciones judiciales, ingresar al directorio y terminar dos años más tarde, de apuro, asumiendola empresa con una deuda de casi u$s 1.000 millones. Resolver el caso Aerolíneas exige modificaciones sustantivas del proyecto oficial para garantizar tres premisas. Una es la garantía de control estatal futuro del servicio de aeronavegación y de nuestra aerolínea de bandera.La segunda es no dilapidar recursos públicos, lo cual requiere iniciar acciones judiciales sobre Marsans en referencia a su responsabilidad en el vaciamiento empresario y avanzar en una demanda que reclame a Marsans e incluso al propio Estado español la efectiva concreción del aporte comprometido y no completado de los u$s 758 millones.Por último, garantizar la continuidad y la estabilidad laboral de los 9.300 trabajadores de Aerolíneas y Austral. Movilidad de los haberes previsionales. La propuesta oficial nopodría haber sido más restrictiva. Por un lado, si no existen modificaciones, la denominada Prestación Básica Universal es llevada a $326 y no se toma en cuenta para la aplicación de la movilidad. Esto supone, que para el 76% de los jubilados que ganan el mínimo ($690), la movilidad se aplica sólo sobre la mitad y no sobre el total. Además, el proyecto en ningún caso se plantea comenzar un proceso de recomposición de los haberes para llevarlos a los niveles que resultarían de aplicarles la movilidad que perdieron durante los últimos años. No se trata de pagar lo adeudado, sino de mejorar el punto de partida para no convalidar como base, en la gran mayoría de los casos, el haber mínimo. Resulta incomprensible que no se haya pensado que los $21 mil millones queel Fondo acumula podrían permitir una recomposición de los haberes, quizás en etapas, pero recomposición al fin. Por último, en la fórmula de movilidad que promueve el proyecto oficial no sólo no se computa toda la recaudación (sólo incluye el 90% de los recursos impositivos y no incorporan los aportes de los trabajadores ni las contribuciones patronales), sino que además se la divide por el total de los beneficios(jubilaciones y pensiones) que paga el sistema. Se incorporan así, sin recursos adicionales, todos aquellos que lleguen vía distintas moratorias (por ejemplo la última: 1.300.000 jubilados más).Para ser preciso, aplicando el proyecto oficial, los que ganan el haber mínimo hubieran tenido un aumento en 2008 de apenas un 6%. Presentado bajo el lema de la seriedad presupuestaria, este proyecto sólo busca consolidar al ANSES como una caja superavitaria (en base a la represión en el aumento de los haberes), con la que puedan asistirse las necesidades de la Tesorería.Así las cosas, mientras se niega la posibilidad de una recomposición de las jubilaciones, el Fondo creado para “sustentar el sistema” sí puede realizarle un préstamo a AySA por $800 millones o garantizar financiamiento para letras de tesorería para 2008 por $7.952,6 millones (pago de deuda pública). Es más, si nos descuidamos, puede haber recursos previsionales que sean destinados a pagar la deuda con el grupo Marsans.Aerolíneas debe ser del Estado, su deuda no. La recomposición de los haberes jubilatorios es una deuda de nuestra sociedad con nuestros mayores, esa deuda la debe asumir el Estado.

Diputado nacional
Buenos Aires para Todos en Proyecto Sur
Mesa Nacional de la CTA